California contra Meta: el juicio por salud infantil busca 'reparación', no una multa millonaria
El fiscal general de California, Rob Bonta, aclara que el juicio federal contra Meta no busca daños multimillonarios como los 1,4 billones que la propia compañía estimó, sino sanciones civiles y cambios en el diseño de las plataformas para proteger a los menores.
El juicio contra Meta por la adicción de los menores a sus plataformas ha comenzado en Oakland (California), y el fiscal general del estado, Rob Bonta, ha querido dejar clara una cosa: no van a por los 1,4 billones de dólares que la compañía asegura que podrían costarle las demandas. "Esto no es un caso por daños y perjuicios", dijo Bonta tras la primera jornada de un juicio que se alargará entre seis y siete semanas. Lo que buscan los 29 fiscales generales (demócratas y republicanos) que lideran la acusación son sanciones civiles, devolución de beneficios obtenidos de forma ilícita y, sobre todo, que Meta elimine las funciones adictivas de Instagram y Facebook para los más jóvenes.
La demanda, presentada en 2023, sostiene que Meta violó la ley federal de privacidad infantil (COPPA) y varias normativas de protección al consumidor al diseñar sus aplicaciones para enganchar a los niños y adolescentes. Durante los argumentos iniciales, la fiscal adjunta de California, Megan O'Neill, acusó a directivos como Mark Zuckerberg de haber hecho declaraciones públicas contradictorias con las investigaciones internas de la compañía sobre el impacto mental de las redes sociales en los menores. "Meta llevó a cabo una campaña para engañar a sus usuarios, legisladores, profesores y padres", afirmó O'Neill ante el jurado asesor.
Por su parte, el abogado de Meta, Paul Schmidt, negó que la compañía hubiera mentido y pidió al jurado que valore si las pruebas demuestran realmente las acusaciones. El juicio se celebra bajo un formato inusual: un jurado asesor emitirá una recomendación no vinculante, pero será la jueza Yvonne González Rogers quien tome la decisión final. Es el mismo sistema que se utilizó en el caso entre Elon Musk y Sam Altman a principios de año.
Los fiscales no piden una cifra concreta, pero el propio Meta advirtió en documentos previos que las posibles sanciones podrían alcanzar los 1,4 billones de dólares, una cantidad cercana a su capitalización bursátil. Bonta aclaró que esa es la estimación máxima que hizo la propia Meta, no la que ellos piden. "Le pediremos una ganancia financiera significativa en forma de sanciones civiles, pero será la jueza quien decida", explicó. Además del dinero, los estados quieren que Meta elimine todos los datos de menores de 13 años, así como los algoritmos y modelos entrenados con esa información, y que retire elementos de diseño como el scroll infinito, la reproducción automática y los filtros de belleza.
El caso llega después de que Nuevo México lograra en marzo una sentencia contra Meta por 567 millones de dólares por explotación sexual infantil. Bonta advirtió que Meta es solo la primera: ya hay demandas pendientes contra TikTok, y mostró su preocupación por YouTube y Snap. "En un mundo ideal, todas se comprometerían a las mismas reformas para mantener seguros a los niños", afirmó.
El análisis de Salseo
- Meta se enfrenta a un riesgo regulatorio existencial: no solo por las posibles sanciones económicas (que podrían ser multimillonarias), sino porque los fiscales piden cambios de diseño que afectarían directamente a sus motores de ingresos, como el scroll infinito y la reproducción automática. Si la jueza ordena eliminar estas funciones para menores, el modelo de negocio de Facebook e Instagram podría tambalearse.
- La estrategia de los fiscales se basa en demostrar que Meta mintió sobre el impacto de sus plataformas. El hecho de que existan documentos internos que contradigan las declaraciones públicas de Zuckerberg es el talón de Aquiles de la compañía. En juicios anteriores (Nuevo México, Los Ángeles) ya se demostró que ese patrón de conducta existe, lo que sienta un precedente peligroso para Meta.
- El caso no se limita a Meta. Bonta ha dejado claro que TikTok, YouTube y Snap están en el punto de mira. La señal para el sector es clara: las redes sociales tendrán que modificar sus productos para cumplir con la protección infantil o se enfrentarán a demandas coordinadas a nivel estatal. Esto podría acelerar una regulación de facto que el Congreso estadounidense no ha logrado aprobar.
- Aunque la cifra de 1,4 billones parezca una exageración (Meta la puso sobre la mesa para asustar), el verdadero riesgo para el inversor no es la multa de una sola vez, sino la obligación de rediseñar las plataformas. Eso supone costes operativos recurrentes y, sobre todo, una posible caída en el uso y la monetización de los usuarios jóvenes, que son el futuro de la base de usuarios de Meta.