Google se enfrenta a una demanda de más de 1.000 millones por las comisiones de su app store
Una demanda colectiva de consumidores reclama a Google más de 1.000 millones de libras (unos 1.330 millones de dólares) por las comisiones que cobra a los desarrolladores en su tienda de aplicaciones. El caso arranca en Londres y abre un nuevo frente judicial para el modelo de negocio de las tiendas de apps.
Google vuelve a sentarse en el banquillo. Este martes ha arrancado en Londres una demanda colectiva contra la compañía por un importe superior a los 1.000 millones de libras (unos 1.330 millones de dólares), en la que se acusa a la empresa de abusar de su posición dominante para imponer comisiones excesivas a los desarrolladores de aplicaciones. Es el último gran caso judicial que enfrenta a un gigante tecnológico con los tribunales británicos y llega en plena ofensiva regulatoria contra el poder de las grandes plataformas.
El pleito lo impulsan consumidores, y no los propios desarrolladores, que son quienes firman los contratos con la tienda de aplicaciones. En Reino Unido, este tipo de acciones colectivas permiten agrupar a un número muy amplio de afectados en un único procedimiento, de forma que la reclamación conjunta alcanza cifras que ningún particular podría exigir por su cuenta. El fondo del asunto es la comisión que Google cobra por cada compra o suscripción que se realiza dentro de sus aplicaciones: los demandantes sostienen que ese porcentaje es desproporcionado y que se apoya en el control que la compañía ejerce sobre el ecosistema en el que se distribuyen esas 'apps'.
La clave de por qué esto importa va más allá de la cifra. El negocio de las tiendas de aplicaciones es uno de los más rentables del mundo digital: se cobra un porcentaje por cada transacción o suscripción que pasa por ella, sin apenas coste adicional por operación. Cualquier cambio en ese reparto no es un gasto puntual, sino un ajuste estructural de ingresos recurrentes. Por eso el caso británico se suma a otros frentes abiertos en distintos países, donde reguladores y demandantes llevan tiempo cuestionando el mismo modelo de comisiones.
El impacto directo recae sobre los desarrolladores, y muy especialmente sobre los creadores de aplicaciones de inteligencia artificial. Muchas de estas 'apps' funcionan con suscripciones y dependen de la tienda para cobrar a sus usuarios: cada punto de comisión que se ahorren va directo a su margen, sin necesidad de vender más ni de mejorar el producto. Si los tribunales británicos dan la razón a los consumidores, el precedente puede empujar a otras jurisdicciones a exigir reglas parecidas y a reabrir el debate sobre cuánto puede quedarse una plataforma por hacer de intermediaria.
Queda por ver cómo responde la compañía y cómo evoluciona el procedimiento, que acaba de empezar. La atención estará puesta en si el caso supera las primeras fases procesales, en si acaba contagiando a otros países y en si algún actor relevante mueve ficha antes de que haya sentencia, ya sea ajustando sus tarifas o buscando un acuerdo.
El análisis de Salseo
- La cifra suena enorme en el titular, pero para una compañía del tamaño de Google no es lo que rompe una tesis de inversión: lo que de verdad está en juego es el precedente. Si un tribunal británico da la razón a los consumidores, el modelo de comisiones queda tocado en todo el mundo, no solo en Reino Unido.
- El negocio de las tiendas de aplicaciones es ingreso recurrente y de márgenes altísimos: se cobra por cada suscripción sin apenas coste marginal añadido. Por eso un recorte de comisión pega directo y de forma permanente en el beneficio, mientras que la indemnización de un caso concreto es un gasto puntual y acotado.
- Los grandes beneficiarios de una sentencia adversa serían los desarrolladores, y ahí entran de lleno las 'apps' de inteligencia artificial: muchas viven de suscripciones, así que cada punto de comisión que recuperen mejora su margen sin necesidad de vender más ni de tocar el producto.
- La señal a vigilar no es el titular del juicio, sino si el caso supera las fases iniciales y arrastra a más demandas o a otros reguladores. Un acuerdo extrajudicial o una rebaja voluntaria de tarifas por parte de la compañía serían la pista de que el frente se está moviendo de verdad.