Google recibe una multa de 403 millones en Irlanda por el uso de datos de ubicación
El regulador irlandés de protección de datos sanciona a Google con 403 millones de euros por cómo trataba la ubicación de los usuarios y le da seis meses para adaptarse al GDPR.
Google ha sido multada con 403 millones de euros (unos 345 millones de libras) por la forma en que trataba los datos de ubicación de sus usuarios. La sanción la ha impuesto la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC, por sus siglas en inglés), después de que varias organizaciones europeas de consumidores denunciaran que la compañía había empujado a los usuarios a aceptar un seguimiento constante en sus teléfonos móviles. El regulador ha dado a la empresa seis meses para poner su forma de tratar estos datos en línea con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea.
El origen del caso está en un informe de 2018 de la agencia noruega de consumo, que sostenía que los datos de ubicación pueden desvelar detalles muy sensibles: por ejemplo, las creencias religiosas de una persona (si el móvil registra visitas a lugares de culto), su inclinación política (asistencia a manifestaciones), problemas de salud (visitas a un hospital) o su orientación sexual (presencia en determinados bares). A partir de ahí, la DPC abrió una investigación que ha durado seis años y que ha analizado el periodo comprendido entre el 25 de mayo de 2018 y el 4 de febrero de 2020, centrándose en tres áreas: la actividad en webs y aplicaciones, el historial de ubicación y la precisión de esa ubicación. La conclusión es que los usuarios podían no ser conscientes de que su localización se usaba para dirigirles publicidad o para inferir datos sobre su salud y sus intereses.
El comisario adjunto del organismo irlandés, Graham Doyle, ha explicado que la ubicación es un dato personal que puede aportar beneficios a los servicios digitales, pero también revelar mucha información privada de una persona, y ha añadido que conservar esos datos más tiempo del necesario agravó la pérdida de control por parte de los usuarios. Desde Google han respondido que el caso se refiere a políticas antiguas que ya se han actualizado y que, desde 2019, han cambiado de forma importante sus prácticas y han lanzado herramientas para gestionar la ubicación de forma sencilla. La Organización Europea de Consumidores (BEUC), que impulsó la denuncia, celebra el fallo, pero su director general, Agustín Reyna, critica que el tiempo empleado en llegar a esta conclusión es desproporcionado respecto a la gravedad de la infracción, y avisa de que una sanción tardía puede ser tan dañina como no sancionar. En la misma línea, Finn Myrstad, responsable de política digital del consejo noruego de consumidores, considera que es un hito importante para proteger los derechos online y que las personas deben entender a qué están dando su consentimiento sin ser engañadas.
En el historial del regulador irlandés, que tiene competencia sobre todas las grandes tecnológicas estadounidenses con sede europea en Irlanda, esta es la cuarta multa más elevada: por delante quedan los 1.200 millones impuestos a Meta, los 530 millones a TikTok y los 405 millones a Instagram, también propiedad de Meta. Además, la DPC mantiene abiertas otras tres investigaciones a gran escala sobre Google que se encuentran en fase avanzada, por lo que el capítulo regulatorio de la compañía en Europa no se cierra con esta sanción.
El análisis de Salseo
- Por tamaño, la multa no mueve la aguja: 403 millones es la cuarta mayor sanción del regulador irlandés, por debajo de los 1.200 millones a Meta o los 530 a TikTok. Para un grupo del tamaño de Alphabet es un golpe contable asumible; lo relevante no es lo que paga, sino lo que le obligan a cambiar.
- El coste real está en el negocio publicitario. La orden de adaptarse al GDPR en seis meses afecta a cómo Google recoge y cuánto tiempo conserva los datos de ubicación en Europa. Si eso se traduce en permisos más explícitos y menos retención de datos, la compañía pierde materia prima para segmentar anuncios y para inferir intereses de los usuarios, que es justo lo que alimenta su motor de ingresos.
- El matiz que no cuenta el titular: la investigación analiza prácticas entre 2018 y 2020 y Google afirma que ya las modificó desde 2019, así que la sanción llega sobre un comportamiento que la empresa dice haber corregido. La propia asociación de consumidores europeos critica la lentitud: una multa que llega seis años después puede ser tan inútil como no ponerla, porque ya no disuade a nadie.
- La señal a vigilar no es esta multa, sino las tres investigaciones a gran escala que el regulador irlandés mantiene abiertas sobre Google y que están en fase avanzada. Si alguna termina en órdenes de cambio de producto o en sanciones más abultadas, el impacto sobre la tesis de inversión sería bastante más serio que estos 403 millones.