Google y Apple presionan a los legisladores para blindar sus tiendas de apps
Las dos tecnológicas empujan leyes de seguridad infantil que les protejan de demandas por verificar la edad de los usuarios, según Politico. Los defensores de la infancia creen que sus propuestas no cambiarán nada.
Google y Apple están moviendo hilos en los despachos de los legisladores. Según una información de Politico firmada por Owen Dahlkamp, ambas compañías presionan para que se aprueben leyes de seguridad infantil en internet que, además de proteger a los menores, incluyan un escudo legal que las libre de las demandas relacionadas con la verificación de edad de los usuarios. Es decir: no solo quieren cumplir las normas, quieren que la propia norma les cubra las espaldas si algo sale mal.
La dimensión de ese empuje no es una impresión: se recoge en borradores legislativos, correos internos y entrevistas con siete personas conocedoras del asunto, siempre según la información publicada. El movimiento se produce en un contexto en el que cada vez más legislaciones exigen comprobar la edad de quien entra en una plataforma. Ese tipo de obligaciones abre la puerta a reclamaciones: si una 'app' no verifica bien y un menor accede a contenido inapropiado, ¿quién responde? Las tecnológicas quieren que la respuesta sea la ley, y no ellas.
Sin embargo, no todos compran el argumento. Algunos defensores de la seguridad infantil citados en la información sostienen que las propuestas planteadas por Apple y Google no tendrían ningún poder real de cambio. En otras palabras, consideran que son medidas de escaparate que no transformarían de verdad la protección de los menores en internet, por mucho que se presenten como una apuesta por su bienestar.
Para el inversor, la noticia no mueve resultados ni previsiones, pero sí toca una de las patas sensibles del negocio de las tiendas de aplicaciones: el riesgo regulatorio y legal. Google, a través de Alphabet (GOOGL), es una de las compañías cotizadas afectadas por este pulso. Que las reglas del juego las escriba el legislador y no un tribunal es, a menudo, mucho más barato y predecible para una empresa. El problema es que hablamos de un proceso legislativo lento, con muchos actores en contra y sin garantías de que salga adelante tal y como lo quieren las tecnológicas.
Se trata, en el fondo, de un tira y afloja clásico: las empresas intentan influir en el diseño de la norma antes de que les caiga encima. La diferencia aquí es que el escudo legal que piden puede acabar reduciendo su exposición a demandas millonarias... o convertirse en un lastre reputacional si la opinión pública interpreta que están usando la seguridad infantil como coartada para protegerse a sí mismas.
El análisis de Salseo
- El detalle clave es el mecanismo: no piden solo una ley de seguridad infantil, piden que esa ley traslade la responsabilidad a quien la diseña. Si el Estado fija cómo verificar la edad, las demandas por un menor que accede a contenido dañino apuntan a la norma y no a la tienda de aplicaciones. Es reducción de riesgo legal disfrazada de protección al menor.
- El 'porqué' de fondo es la avalancha de normas de verificación de edad. Cada nueva exigencia es una posible fuente de litigios, y las tecnológicas saben que el coste de defenderse en los tribunales puede ser mayor que el de adaptarse. Presionar ahora, mientras se redactan los textos, les sale más barato que pelear después en los juzgados.
- La señal concreta a vigilar: si el texto final incluye una cláusula de exención de responsabilidad para las plataformas y si los grupos de defensa de la infancia consiguen tumbarla. Ese es el punto que determina si la noticia es un simple gesto de 'lobby' o un cambio real en el reparto de responsabilidades del sector.
- La lectura contraria viene de los propios defensores de la infancia: dicen que las propuestas no tendrían poder de cambio. Si tienen razón, el titular de dos gigantes 'impulsando' la seguridad infantil puede leerse también como un intento de diluir la regulación, con el coste reputacional y político que eso conlleva de cara a futuras normas más duras.