Investigan a los directivos de Super Micro tras el desvío de servidores a China
El despacho Kahn Swick & Foti abre una investigación sobre los consejeros de Super Micro para aclarar si incumplieron sus deberes, después de que el Departamento de Justicia imputara a su cofundador por desviar 2.500 millones en servidores con tecnología de IA a China.
Nuevo frente legal para Super Micro Computer, compañía que cotiza en el Nasdaq bajo el ticker SMCI. El despacho estadounidense Kahn Swick & Foti (KSF), cuya firma incluye al ex fiscal general de Luisiana Charles C. Foti Jr., ha anunciado que ha abierto una investigación sobre los consejeros y directivos de la empresa. El objetivo es dilucidar si los responsables de la compañía incumplieron sus deberes (fiduciary duties) frente a los accionistas o si se saltaron normas estatales o federales. El propio despacho recalca que se trata de una investigación y que eso no implica, por ahora, ninguna conclusión de culpabilidad.
El origen de todo está en Estados Unidos. El 19 de marzo de 2026, ya con el mercado cerrado, el Departamento de Justicia desveló una acusación contra tres personas vinculadas a Super Micro: Yih-Shyan Liaw, cofundador, consejero y vicepresidente sénior de desarrollo de negocio; Ruei-Tsang Chang, director general de la oficina de la compañía en Taiwán; y Ting-Wei Sun, descrito como bróker externo y "solucionador". Según la acusación, habrían montado un esquema para desviar grandes cantidades de servidores que incorporan tecnología de inteligencia artificial estadounidense a clientes en China, saltándose las leyes de control de exportaciones, con el objetivo de impulsar las ventas y generar ingresos al margen de la ley. El volumen que se pone sobre la mesa es enorme: alrededor de 2.500 millones de dólares en servidores vendidos entre 2024 y 2025.
A raíz de esos hechos, la empresa y algunos de sus ejecutivos fueron demandados en una acción colectiva de accionistas (una class action) que les acusa de no haber divulgado información relevante durante el periodo afectado, incumpliendo así la normativa federal de mercados de valores. Ese procedimiento sigue abierto. La investigación de KSF se suma a esa ofensiva legal y se centra en la cúpula: los consejeros y los directivos de la compañía.
Conviene entender bien de qué va esto. Super Micro fabrica servidores de altas prestaciones, el tipo de equipos que se usan en los centros de datos donde se entrena y ejecuta la inteligencia artificial, y precisamente esos servidores son los que, según la acusación, acabaron en China sin los permisos correspondientes. La exportación de esta tecnología a China está muy limitada y requiere licencias, así que cualquier venta fuera de ese marco deja a la empresa expuesta a sanciones regulatorias y a reclamaciones de los inversores. El sector lleva dos años creciendo al calor de la fiebre por la IA, pero este caso recuerda que ese negocio se mueve en una arena cada vez más política.
¿Qué toca vigilar a partir de ahora? Primero, si la investigación de KSF se convierte o no en una demanda derivativa formal contra el consejo. Segundo, si el Departamento de Justicia amplía la acusación para incluir a la propia empresa y no solo a las tres personas señaladas. Tercero, y quizá lo más importante para quien tiene acciones: cuánto de ese negocio con China está ya metido en las cuentas publicadas y si la compañía se ve obligada a revisar cifras, provisionar o dotar reservas. A corto plazo también habrá que ver si cambia algo en el gobierno corporativo: comités, auditorías internas o controles de cumplimiento sobre las ventas internacionales.
El análisis de Salseo
- La clave de este movimiento es a quién apunta. Por ahora la imputación del Departamento de Justicia es contra tres personas, entre ellas el cofundador, y no contra la empresa; la investigación de KSF, en cambio, pone el foco en el consejo y los directivos. Ese salto, de empleados a órganos de gobierno, es el que abre la puerta a demandas derivativas, en las que los accionistas reclaman a los administradores en nombre de la propia compañía y que suelen costar dinero en indemnizaciones y reputación.
- El asunto de fondo no es legal, es de negocio con China. Si una parte relevante de esos 2.500 millones de dólares en servidores está dentro de los ingresos ya reportados, el riesgo no es solo una multa: es que esas ventas tengan que revisarse, provisionarse o, en el peor escenario, devolverse. Es el dato más concreto que puede mover la tesis de inversión y aparecerá (o no) en los próximos informes trimestrales, así que ahí es donde hay que mirar.
- Matiz importante para no llevarse un susto innecesario: Kahn Swick & Foti es un despacho especializado en litigios de valores que lanza investigaciones de este tipo con mucha frecuencia y, abiertamente, para captar clientes afectados. El comunicado, por sí solo, no suele tumbar la cotización: lo que de verdad mueve el precio son los avances de la acusación del Departamento de Justicia y de la demanda colectiva que ya está en marcha.
- Para todo el sector de infraestructura de IA, esto es un aviso de dónde está el riesgo regulatorio de verdad: el control de exportaciones hacia China se ha convertido en el gran punto débil de la cadena, desde quien diseña los chips hasta quien monta y revende los servidores. Una sanción o un veto de licencias no afecta solo a Super Micro; también a sus clientes, proveedores y socios comerciales en Asia.