Meta, a juicio por enganchar a menores: podría pagar 200.000 millones de dólares
California y otros 28 estados llevan a Meta ante los tribunales por diseñar Facebook e Instagram como productos adictivos para los menores. Si la empresa pierde, se enfrenta a una multa de hasta 200.000 millones de dólares y a cambios obligatorios en su modelo de negocio.
El martes arrancó en Oakland (California) uno de los juicios más serios a los que se ha enfrentado Meta, la dueña de Facebook e Instagram y una de las mayores compañías del mundo, valorada en unos 1,36 billones de dólares. California, junto a otros 28 estados, acusa a la empresa de haber diseñado productos adictivos y de haber vulnerado las leyes que protegen la privacidad de los niños. En la apertura, la abogada del estado, Megan O'Neill, resumió el supuesto modelo de negocio de Meta en cuatro palabras: enganchar, retener, cosechar y esconder. «Meta engancha a los usuarios, los retiene todo lo posible, cosecha sus datos y esconde la verdad», argumentó. Y remató: «Su modelo de negocio funcionaba especialmente bien con los niños».
La demanda se centra en la recogida de datos de menores de 13 años sin permiso de los padres, algo que, según las acusaciones, incumple la ley federal de privacidad infantil y las leyes estatales de protección al consumidor. Ocho jurados escucharán a exempleados, a una psicóloga y, previsiblemente, al consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, y al responsable de Instagram, Adam Mosseri. La amenaza para Meta es existencial: si es declarada culpable, los daños pueden alcanzar los 200.000 millones de dólares, una cantidad equivalente a los ingresos anuales que la compañía prevé para 2025. Los estados además piden que Meta cambie el diseño de sus productos para hacerlos más seguros, lo que podría alterar de forma permanente su modelo de negocio.
Meta niega todas las acusaciones. «En lugar de ceñirse a los hechos o a la ley, los estados han decidido perseguir un pago desorbitado», dijo su portavoz, Liza Crenshaw. En los alegatos iniciales, el abogado Paul Schmidt admitió que es innegable que hay gente que puede sufrir con las redes sociales, pero recordó que Meta ha creado herramientas para intentar abordarlo. También defendió que la compañía no permite que los menores de 13 años se registren y que ha desactivado más de un millón de cuentas de usuarios jóvenes. El juicio durará entre seis y ocho semanas, las actuaciones estarán dirigidas por los fiscales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, y el jurado tendrá un papel consultivo: la decisión final sobre la sentencia y los daños corresponde a la jueza Yvonne Gonzalez Rogers.
El caso no llega solo. Meta afronta miles de demandas similares en Estados Unidos, presentadas por familias, distritos escolares y otros fiscales generales, y ya perdió los dos primeros casos que llegaron a juicio en marzo. En el primero, un tribunal le ordenó pagar casi 1.000 millones de dólares al estado de Nuevo México por permitir la explotación sexual infantil en sus plataformas. En el segundo, fue declarada responsable de haber diseñado deliberadamente productos adictivos que engancharon a una joven, con una indemnización de más de cuatro millones de dólares.
El testigo estrella de la primera semana ha sido Arturo Béjar, un ingeniero de seguridad que trabajó en Meta en dos etapas entre 2009 y 2021 y que ya había testificado ante un comité del Senado y actuado como perito en otros casos. Béjar contó que su motivación fue la experiencia de su hija adolescente en Instagram, que recibió insinuaciones sexuales no deseadas, fotos de genitales masculinos e insultos machistas, y que denunciarlo por los cauces oficiales era ineficaz o imposible. El ingeniero resumió la actitud de Meta como una estrategia de «no preguntes, no cuentes» en seguridad infantil. Añadió que informó a Zuckerberg en más de cien ocasiones y que en 2021 le envió un correo con una encuesta: el 51% de los adolescentes reconocía haber tenido una experiencia mala o dañina en Instagram en los últimos siete días, y el contenido solo se retiraba en el 0,02% de las ocasiones. La pregunta que deja el relato es clara: si Meta sabía, ¿por qué no hizo lo suficiente?
El análisis de Salseo
- La multa de 200.000 millones es la cifra que asusta, pero el remedio que piden los estados es aún más peligroso para el negocio: obligar a Meta a rediseñar sus productos para proteger a los menores atacaría directo al bucle de «engancha y retén» que alimenta los ingresos publicitarios. Un cambio así no se arregla pagando.
- El jurado es solo consultivo: la jueza Yvonne Gonzalez Rogers tiene la última palabra y la sentencia probablemente se recurra. Eso significa que el riesgo legal de Meta no se resuelve en un titular, sino que se arrastrará durante meses, con el precio de la acción pendiente de cada novedad procesal.
- Meta ya ha perdido en marzo dos casos similares y tiene miles de demandas abiertas. Cada sentencia en contra no solo suma ceros a la factura, sino que crea precedente y da munición a los próximos demandantes; el coste real puede ser mucho mayor que esta única demanda.
- El correo a Zuckerberg con la encuesta del 51% de adolescentes con experiencias dañinas es la pieza clave: si la jueza interpreta que los directivos sabían y no actuaron, la defensa de «no sabíamos» se cae. Ese es el precedente que temen las grandes tecnológicas, porque abre la puerta a que los avisos internos se conviertan en pruebas de responsabilidad.