Meta, acusada de 'no preguntar, no contar' en seguridad infantil: testimonio clave en juicio histórico

Un exempleado de Meta testifica que la compañía de Mark Zuckerberg ignoró deliberadamente los riesgos para los menores para proteger sus beneficios. El juicio, impulsado por 29 fiscales generales, podría acarrear sanciones de hasta 1,4 billones de dólares.
El juicio histórico contra Meta por su impacto en la salud mental de los adolescentes ha dado un giro explosivo. Arturo Béjar, exempleado de la compañía y antiguo investigador de seguridad, declaró este miércoles ante un tribunal federal de California que la empresa dirigida por Mark Zuckerberg aplicó una política de 'no preguntar, no contar' ante los problemas de seguridad infantil, priorizando los beneficios por encima del bienestar de los menores.
Béjar, que lideró un equipo centrado en la seguridad entre 2009 y 2015 y luego volvió como consultor entre 2019 y 2021, aseguró que Zuckerberg no hizo lo suficiente para mitigar los efectos nocivos de Facebook e Instagram, a pesar de tener un poder casi absoluto como consejero delegado. 'No se puede confiar en Mark Zuckerberg con los niños', afirmó el testigo, quien también acusó al fundador de crear una 'impresión falsa y engañosa' sobre el compromiso de la empresa con los jóvenes.
El testimonio de Béjar es la primera prueba presentada por la coalición de 29 fiscales generales estatales, que acusan a Meta de provocar una crisis de salud mental entre los adolescentes mediante un diseño adictivo de sus aplicaciones, que fomenta la ansiedad, la depresión e incluso el suicidio, además de recopilar ilegalmente datos de menores sin consentimiento parental. Los fiscales buscan obligar a Meta a modificar funciones clave de sus apps y a imponer multas millonarias. Según los abogados de los estados, las indemnizaciones podrían rondar los 200.000 millones de dólares, mientras que Meta sostiene que la cifra podría alcanzar la astronómica suma de 1,4 billones.
Durante el contrainterrogatorio, Béjar admitió que no previó los riesgos a los que se enfrentaría su propia hija, que con 16 años recibió mensajes obscenos y fotografías no solicitadas poco después de unirse a Instagram. 'Vi lo angustioso que era para ella', declaró. El investigador también señaló que Meta tenía la capacidad técnica para detectar a usuarios menores de edad que eludían los controles, pero optó por no hacerlo para proteger sus ingresos, ya que 'donde están los niños más pequeños es donde estarán los usuarios en el futuro'.
El juicio, que se espera que dure unas seis semanas, contará con la declaración de Zuckerberg y del director de Instagram, Adam Mosseri. Meta niega las acusaciones y asegura que ha tomado numerosas medidas para proteger a los menores, como herramientas de control parental y límites de tiempo de uso. La compañía también sostiene que las sanciones solicitadas exceden el alcance del caso. Este proceso podría sentar un precedente clave para la regulación de las redes sociales en Estados Unidos.
El análisis de Salseo
- El testimonio de Béjar revela una posible contradicción entre el discurso público de Meta sobre protección infantil y sus prácticas internas. Si se demuestra que la empresa sabía de los riesgos y no actuó por motivos económicos, el daño reputacional podría traducirse en una pérdida de confianza de usuarios y anunciantes, algo que ya se ha visto en otros escándalos.
- La magnitud de las posibles sanciones (entre 200.000 millones y 1,4 billones de dólares) es enorme, pero hay que contextualizarla: los tribunales rara vez imponen cifras tan altas. Aun así, cualquier multa significativa o la obligación de rediseñar las aplicaciones afectaría directamente a los ingresos publicitarios y al engagement, que son el motor del negocio de Meta.
- El caso no solo amenaza a Meta, sino que podría sentar jurisprudencia para todo el sector tecnológico. Si los fiscales ganan, otras plataformas sociales podrían verse obligadas a endurecer sus políticas de seguridad y a asumir responsabilidades legales por el contenido que difunden, cambiando las reglas del juego en la industria.
- La lectura contraria: Meta argumenta que ya ha invertido en herramientas de seguridad y que el problema es sistémico, no exclusivo de sus plataformas. Además, el juicio puede alargarse años en apelaciones, por lo que el impacto financiero inmediato es limitado. Lo que sí es seguro es que la atención mediática sobre este tema no hará más que aumentar, y eso ya es un riesgo reputacional difícil de gestionar.