El consejo de vigilancia de Meta pide no cambiar la verificación por Notas de la Comunidad
El órgano que supervisa la moderación de Meta carga contra el plan de sustituir a los verificadores profesionales por notas colaborativas de usuarios, justo cuando la compañía prueba el sistema en 16 países de Latinoamérica.
El consejo de vigilancia de Meta —el órgano cuasi independiente que la propia compañía financia para revisar sus decisiones de moderación— ha pedido a la empresa que no sustituya la verificación de hechos por las Notas de la Comunidad. En un comunicado fechado el jueves y recogido por la agencia AFP, el consejo sostiene que las Notas de la Comunidad no son un reemplazo adecuado para el trabajo que hacen las redacciones y las agencias de verificación acreditadas, porque ambas prácticas cumplen «propósitos distintos». La petición llega solo unos días después de que Meta arrancara una prueba de ese sistema colaborativo en Latinoamérica.
El experimento, que sigue el modelo que ya usa la red social X de Elon Musk, permite desde el miércoles a los usuarios de Facebook, Instagram y Threads de 16 países hispanohablantes inscribirse para añadir contexto a las publicaciones. Durante el programa piloto esas notas quedan invisibles para el resto de usuarios. Los países incluidos son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Meta no ha dado ninguna fecha para que el cambio sea oficial y se limita a decir que el despliegue completo llegará cuando tenga la confianza de que el producto funciona. Llama la atención que Brasil, el mayor mercado de la compañía en la región, quede fuera del ensayo por ser un país de habla portuguesa.
El consejo advierte de que, aunque las notas colaborativas pueden «añadir información a debates importantes y reforzar la libertad de expresión», también pueden «contribuir a daños en el mundo real que Meta tiene la responsabilidad de evitar o remediar». Además, subraya que esas notas a menudo se apoyan en el trabajo de los propios verificadores. No es la primera vez que este órgano pone el foco en el asunto: ya avisó en marzo de que el despliegue global del sistema podía generar daños en derechos humanos en países políticamente polarizados y en periodos electorales tensos.
El giro de Meta no es nuevo. Su fundador y consejero delegado, Mark Zuckerberg, anunció el año pasado, apenas unos días antes de que Trump empezara su segundo mandato, que la compañía ponía fin a sus acuerdos de verificación en Estados Unidos y los cambiaba por las Notas de la Comunidad, presentando la medida como una vuelta a la libertad de expresión. La decisión ha caído mal en el sector de la verificación: Angie Drobnic Holan, directora de la International Fact-Checking Network (red de la que forma parte AFP), afirma que el programa «por sí solo no es suficiente» para reducir el impacto de las falsedades dañinas, y la red regional LatamChequea, que agrupa a 47 iniciativas de verificación, ha pedido a Meta que «complemente, no sustituya» la verificación independiente. El pilotaje coincide además con el viaje a la región del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y con una racha electoral en la que los políticos de derecha, habitualmente más favorables a la desregulación digital, han ganado terreno en Latinoamérica. AFP figura entre las organizaciones que participan en el programa de verificación de Meta en la región, comprobando información en 26 idiomas.
El análisis de Salseo
- Lo relevante aquí no es solo la crítica, sino quién la firma: el consejo de vigilancia es un órgano pagado por Meta que la contradice en público. Para el inversor es una señal de riesgo reputacional y de que la moderación de contenidos sigue siendo un frente abierto con reguladores, no un asunto cerrado tras el giro de Zuckerberg.
- El mecanismo económico es sencillo: contratar a verificadores externos es un coste que Meta quiere quitarse de encima, y frente a sus ingresos publicitarios ese ahorro es casi calderilla. El verdadero riesgo es legal: si la Unión Europea o los reguladores de países grandes consideran que el sistema colaborativo no protege a los usuarios, el coste no viene por lo que ahorra sino por lo que le puedan multar o exigir.
- Que Brasil quede fuera del piloto y se incluyan 16 países hispanohablantes dice mucho: es el mayor mercado de Meta en la región y arrastra un historial reciente de choques con el poder judicial por contenidos. Meta parece calibrar el despliegue por riesgo legal país a país, no por madurez tecnológica del producto.
- Los tres frentes que conviene vigilar: si el piloto se amplía a Europa, si algún regulador abre expediente formal, y si los grandes anunciantes se quejan, porque la seguridad de marca es muy sensible a la desinformación. La red de verificación también tiene interés propio, así que parte del ruido es legítimo y parte es defensa de su negocio.