Nuevo frente legal para New Era Energy & Digital: investigan un presunto fraude a los accionistas

El despacho estadounidense Grabar Law Office ha anunciado que investiga, en nombre de los accionistas, si New Era Energy & Digital, Inc. (cotiza en el Nasdaq con el ticker NUAI y antes se llamaba New Era Helium, con el ticker NEHC) y algunos de sus directivos y consejeros habrían incumplido los deberes que deben a la propia compañía. El aviso va dirigido a quienes compraron acciones en la salida a bolsa del 9 de diciembre de 2024, o poco después, y todavía las mantienen. El despacho plantea que estos inversores podrían reclamar reformas en el gobierno corporativo, la devolución de fondos a la empresa y una compensación aprobada por un tribunal, sin coste para ellos, aunque de momento se trata solo de una investigación y no de una resolución judicial.

El origen de todo está en una demanda colectiva por presunto fraude de valores presentada recientemente en un tribunal federal. Según esa denuncia, la empresa y algunos de sus directivos habrían realizado declaraciones falsas o engañosas sobre su proyecto Texas Critical Data Centers, el avance de los permisos, sus obligaciones medioambientales y determinadas operaciones de petróleo y gas con partes vinculadas. El texto sostiene que New Era habría exagerado el progreso en la obtención de permisos regulatorios mientras presumía públicamente de "avances tangibles en todos los frentes, incluyendo ingeniería, permisos, trámites regulatorios y ampliación de terrenos". La acusación va más allá: afirma que el giro hacia la inteligencia artificial y los grandes centros de datos en el oeste de Texas era en gran medida una "fantasía" y que, pese a lo que decía la compañía, no se había presentado ni una sola solicitud de los permisos de construcción y medioambientales necesarios.

La denuncia añade otro capítulo incómodo: una parte importante de los pozos de gas de New Era provendría de entidades en bancarrota vinculadas a directivos de la propia compañía, y se acusa a la cúpula de haber aplicado prácticas financieras pensadas para enriquecer a los de dentro mientras se esquivaban las obligaciones de limpieza medioambiental. En esa misma línea, el 29 de diciembre de 2025 trascendió que el fiscal general de Nuevo México había demandado a New Era, a su filial Solis Partners, LLC, y a su consejero delegado, Everett Willard Gray II, por un supuesto "esquema fraudulento" en el negocio del petróleo y el gas con operaciones en las que la empresa trataba consigo misma, sociedades pantalla y quiebras estratégicas para eludir la obligación de sellar y rehabilitar pozos inactivos. Según esa demanda, el entramado consistía en ir moviendo pozos entre sociedades afiliadas y dejar atrás las responsabilidades medioambientales dentro de los procesos de bancarrota.

Conviene separar el ruido de los hechos. El comunicado lo firma un despacho de abogados que busca clientes y lo titula expresamente como publicidad, así que no es una sentencia ni una multa: son acusaciones que todavía tienen que demostrarse. Pero el contexto importa, y mucho, porque la historia que sostiene la valoración de esta compañía es precisamente su transformación desde el negocio del helio y el gas hacia los centros de datos para inteligencia artificial, una promesa que depende de permisos, de financiación y de la confianza de socios y reguladores. Con una demanda del fiscal general de Nuevo México encima de la mesa y una colectiva por fraude de valores en marcha, la compañía afronta un frente legal que puede complicar justo aquello que necesita para que su relato se sostenga.

En Salseo no nos vale con decir que "habrá que estar atentos". Lo relevante es que la demanda ataca el punto exacto del que cuelga toda la tesis: los permisos. Si de verdad no se ha presentado ninguna solicitud para el campus de datos de Texas, cada mes que pasa sin papeles retrasa los ingresos que se suponen al proyecto y deja la valoración apoyada solo en promesas.

El segundo problema es que los mismos reguladores que deben aprobar esos permisos son los que están mirando de cerca el asunto de los pozos huérfanos. Un fiscal general que acusa de dejar pasivos medioambientales sin limpiar no es el mejor aval para conseguir luz verde en un estado vecino donde también se opera con recursos naturales.

Hay además una cuestión de gobierno corporativo que suele pasar factura más rápido que cualquier juicio: comprar activos a entidades en quiebra ligadas a los propios directivos es el tipo de operación que dispara las alertas de inversores institucionales y de posibles socios industriales. En un sector como el de la infraestructura para IA, donde hacen falta capital y aliados con nombre y apellidos, esa mancha puede costar más que la propia indemnización.

La señal concreta que hay que vigilar es doble: si el juez deja vivo el caso tras las primeras alegaciones de la defensa y si la compañía presenta por fin solicitudes de permisos verificables para su campus de Texas. Mientras ninguna de las dos cosas ocurra, lo que cotiza no es un proyecto, es una expectativa con abogados alrededor.