Palantir defiende sus contratos públicos: "la ley de la calle" no debe decidir
Tom Watson, ex número dos del Partido Laborista británico y ahora alto cargo de Palantir, avisa a los ministros de que ceder a la presión social contra la empresa les puede meter "en un buen lío". Palantir se juega contratos millonarios con el NHS y la policía de Londres.
Tom Watson, que fue número dos del Partido Laborista británico y desde hace poco trabaja para Palantir, ha salido al paso de las críticas que rodean a su nueva empresa. En el pódcast Political Thinking, de la BBC, Watson advirtió de que la adjudicación de contratos públicos no puede regirse por la "ley de la calle": "Una de las cosas que diría a mis antiguos colegas es: ¿queréis que el Estado de derecho gobierne la contratación pública o que lo haga la ley de la calle? Porque si optáis por lo segundo, os vais a meter en un buen lío", señaló. Sus palabras llegan en plena polémica por el creciente papel de la compañía estadounidense en los servicios públicos británicos.
El origen del conflicto es la doble cara de Palantir: cofundada por el multimillonario Peter Thiel, partidario de Trump, la empresa ha suministrado software basado en inteligencia artificial al ejército israelí y a la ofensiva migratoria de la Casa Blanca, lo que le ha granjeado un rechazo público y político considerable. En Reino Unido eso se traduce en frentes abiertos: el primer ministro afronta una presión importante de diputados laboristas y sindicatos para que deje a Palantir fuera de la contratación pública, incluido un acuerdo de software con el NHS valorado en 330 millones de libras. La empresa, además, litiga contra Sadiq Khan, alcalde de Londres, por el bloqueo de un contrato de 50 millones para usar su IA en investigaciones de la Policía Metropolitana. Pese a todo, Palantir sigue buscando más negocio público en el país, donde ya factura 427 millones de libras al año.
Watson también abrió la puerta a colaborar con un hipotético gobierno de Reform UK en políticas de mano dura contra la inmigración: "No trabajamos en ese sector, pero sí, por supuesto que lo haríamos". Y defendió que su empresa está siendo un objetivo por parte de quienes atacan a compañías israelíes: "No somos una empresa israelí, pero por nuestro trabajo en Israel nos hemos visto en medio del conflicto de las protestas por Gaza". Su fichaje se anunció con la promesa de "profundizar en el valor social y económico" que genera el trabajo de la compañía mediante mejores servicios públicos, empleo y formación en Reino Unido.
La reacción interna no se ha hecho esperar. Chi Onwurah, diputada laborista y presidenta del comité parlamentario de ciencia, innovación y tecnología —órgano que ya ha expresado dudas sobre Palantir—, declaró en el programa Today de BBC Radio 4: "Tom no es el primer político deslumbrado por el hype tecnológico. El problema de fondo es que no podemos ser tan dependientes de una sola empresa. Es una compañía estadounidense, sujeta a la legislación de Estados Unidos en lo que respecta al acceso a nuestros datos".
Watson tiene un recorrido largo en la política británica: fue ministro de Defensa y responsable de participación digital en el gobierno de Gordon Brown y dejó el Parlamento en 2019. Desde entonces ha asesorado a las industrias del juego y de la música y, desde 2024, ejercía como asesor a tiempo parcial de Palantir. La empresa precisó que ha pedido una excedencia en la Cámara de los Lores y ha renunciado a su pase parlamentario mientras trabaja para la firma desde Londres. El debate, en cualquier caso, va más allá de una persona: toca de lleno cómo deben usar los servicios públicos la inteligencia artificial y quién puede decidir sobre ella.
El análisis de Salseo
- El talón de Aquiles de Palantir en Reino Unido no es tecnológico, sino político: factura allí 427 millones de libras al año, pero cada contrato depende de un entorno donde sindicatos, diputados y ayuntamientos pueden frenarlo. Que la empresa tenga que salir a defender sus adjudicaciones en un pódcast indica que el riesgo se paga en licitaciones perdidas o retrasadas, no en multas.
- El caso de la Policía Metropolitana es el más revelador: un alcalde puede bloquear un contrato de 50 millones y la empresa acaba en los tribunales. Ese pleito va a marcar quién tiene la última palabra en la contratación local, y si Palantir lo pierde, cada administración británica tendrá una excusa legal para decir no.
- El argumento que más daño hace a la compañía no es el precio ni la calidad del software, sino la dependencia: una empresa extranjera sujeta a la legislación de Estados Unidos sobre acceso a datos. Eso no se responde con descuentos. La señal a vigilar es si el comité de ciencia e innovación lo convierte en recomendación formal o si el NHS revisa su contrato de 330 millones.
- Watson abre la puerta a trabajar con Reform UK en inmigración, lo que protege a Palantir si cambia el gobierno, pero a la vez politiza la marca y la ata a un bando. El riesgo reputacional se vuelve binario: lo que hoy es un lastre con unos partidos puede ser una ventaja con otros según quién gane las elecciones.