Uber planta cara a Waymo: así es su guerra por el control de los robotaxis
Uber se opone a una ley en Washington D.C. que daría vía libre a los robotaxis de Waymo y presiona por un modelo híbrido que obligue a los vehículos autónomos a convivir con conductores humanos en su plataforma.
Uber ha decidido pasar al ataque. La compañía de movilidad está utilizando un proyecto de ley en Washington D.C. como campo de pruebas para su estrategia en el incipiente mercado de los robotaxis. La propuesta legislativa, que permitiría a los vehículos autónomos operar sin conductor de seguridad en el distrito, ha desatado un pulso entre Uber y Waymo, dos socios comerciales que ahora chocan frontalmente.
Uber se opone a la ley tal y como está redactada. Su argumento principal es que el texto actual desplazaría a los conductores humanos y otorgaría a Waymo un monopolio de facto. En su lugar, la empresa liderada por Dara Khosrowshahi defiende un modelo híbrido: que los robotaxis estén obligados a operar dentro de una red de transporte que también incluya conductores humanos. "Los consumidores deberían poder elegir", afirmó Javi Correoso, responsable de políticas públicas de Uber en EE.UU., durante una audiencia en mayo. "Debería ser un requisito regulatorio".
Waymo, propiedad de Alphabet, apoya el proyecto de ley y sostiene que permitirá un despliegue seguro de la conducción autónoma, al tiempo que respalda el transporte público y la creación de empleo. La compañía, que ya ofrece más de 500.000 viajes semanales en 11 ciudades, ve en esta normativa una oportunidad para expandir su servicio sin las ataduras que propone Uber. La audiencia del lunes será clave para medir fuerzas, aunque la aprobación no es inminente: muchos esperan que la ley salga adelante antes de fin de año.
El proyecto de ley, presentado por el concejal Charles Allen, actualiza una norma de 2012 para permitir pruebas y operaciones comerciales sin conductor. Exige un seguro de responsabilidad civil de al menos 5 millones de dólares y el reporte de accidentes en plazos determinados. Además, impone un impuesto de 0,15 dólares por milla recorrida, cuyos ingresos se destinarían a transporte público y a programas de formación para conductores que puedan perder su empleo. Uber considera que esta tasa es excesiva y que el modelo de operador único que plantea la ley es perjudicial.
La batalla va mucho más allá de Washington D.C. Si Uber logra imponer su visión de red híbrida, los desarrolladores de vehículos autónomos como Waymo se verían forzados a integrar sus flotas en aplicaciones de ride-hailing como Uber o a contratar conductores humanos para complementar sus costosos robotaxis. Por el contrario, si la ley sale adelante sin cambios, Uber teme quedar fuera del negocio de los robotaxis en la capital. El resultado de esta pulseada podría sentar un precedente regulatorio para todo el sector.
El análisis de Salseo
- Uber no solo quiere ser el intermediario: aspira a que la regulación le garantice un papel protagonista en el futuro autónomo. Al forzar un modelo híbrido, se aseguraría de que los robotaxis de Waymo y otros pasen por su plataforma, protegiendo su negocio actual de conductores humanos y capturando comisiones del nuevo servicio.
- El impuesto por milla recorrida es un arma de doble filo: aunque se vende como una tasa para financiar la transición laboral, encarece la operación de los robotaxis y podría frenar su adopción. Si el coste recae en el usuario, la propuesta de valor del robotaxi frente al VTC tradicional se debilita.
- La oposición de Uber a Waymo revela una tensión de fondo: la colaboración entre ambos es frágil y depende de quién controle la experiencia del usuario. Si Waymo logra operar de forma independiente, el valor de la red de Uber se diluye. La clave estará en si otras ciudades adoptan el modelo híbrido o el de operador único.
- Más allá de la tecnología, esta batalla es política. La presencia de sindicatos, grupos de discapacitados y think tanks en la audiencia muestra que la regulación de los robotaxis no es solo un tema de innovación, sino de empleo, accesibilidad y poder de mercado. El desenlace en D.C. podría influir en normativas de otros estados.