Warren pide cuentas a Meta, Google, Amazon y Microsoft por las ayudas fiscales a la IA
La senadora demócrata Elizabeth Warren y otros dos senadores han enviado cartas a los consejeros delegados de Meta, Alphabet, Amazon y Microsoft para que expliquen cuánto se están ahorrando en impuestos gracias a las deducciones por IA y centros de datos aprobadas en 2025.
La senadora demócrata por Massachusetts Elizabeth Warren, junto a los senadores Tina Smith (Minnesota) y Jeff Merkley (Oregón), ha enviado cartas a los máximos responsables de Meta, Alphabet (la matriz de Google), Amazon y Microsoft. El objetivo: que las cuatro compañías expliquen cuánto dinero se están descontando de impuestos por sus inversiones en inteligencia artificial y centros de datos, y cómo presionaron al Congreso antes de que saliera adelante el paquete fiscal y de gasto de 2025 que los republicanos aprobaron a instancias de Donald Trump y que se conoce popularmente como la ley "one big beautiful bill". Las cartas se enviaron el domingo por la noche y dan a las empresas de plazo hasta el 12 de octubre para responder. Ni las compañías ni la Casa Blanca han querido comentar por ahora.
Los legisladores sostienen que esas deducciones funcionan en la práctica como un subsidio a la IA. Su argumento se apoya en un dato llamativo: las empresas tecnológicas están pagando menos impuestos aunque facturen más. Según la carta de Warren, que cita informaciones de Politico basadas en las previsiones presupuestarias, el pago de impuestos de sociedades ha caído un 25% este año. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), un organismo independiente, proyectó en febrero que el Estado federal recaudará un 10,6% menos por impuesto de sociedades en 2026 que un año antes, pasando de 452.000 millones de dólares a 404.000 millones. Los ejemplos que ponen las cartas son concretos: Meta pagó 2.800 millones de dólares en impuesto federal sobre la renta en 2025, frente a 9.600 millones en 2024, pese a ganar prácticamente lo mismo ambos años; Microsoft habría reducido su gasto fiscal federal en más de 11.000 millones entre su ejercicio 2025 y 2026; Amazon, en casi 8.000 millones entre 2024 y 2025; y Alphabet, más de 7.000 millones en impuestos federales y estatales combinados en el mismo periodo. En el caso de Meta, la carta a Mark Zuckerberg recuerda que sus inversiones (capex) alcanzaron los 72.000 millones de dólares el año pasado, buena parte destinada a centros de datos y otros desarrollos de IA, y que muchas de esas compras pueden descontarse casi al instante con los incentivos fiscales aprobados.
Conviene entender el mecanismo, porque ahí está el quid. En Estados Unidos, cuando una empresa compra maquinaria o construye infraestructura, puede descontar ese gasto de sus beneficios para pagar menos impuestos; la clave es en cuántos años reparte esa deducción. La ley de 2025 permite hacerlo mucho más rápido con las inversiones ligadas a la IA y los centros de datos, de modo que cuanto más gasta una compañía, menos tributa hoy. No es una subvención que llegue en un cheque, sino una rebaja fiscal que el contribuyente financia vía recaudación. Los senadores añaden otro ingrediente incómodo: recuerdan que cada una de las cuatro empresas donó un millón de dólares a la investidura de Trump y gastó millones en labores de lobby ante el Congreso y las agencias federales en los meses previos a la aprobación de la norma. "Su empresa ha gastado a manos llenas para mantenerse en el lado bueno del presidente Trump, y parece que ahora su inversión está dando frutos", escriben.
El telón de fondo es político y tiene fecha: las elecciones de medio mandato de 2026. Los centros de datos se han convertido en un tema candente porque los vecinos de las zonas donde se instalan se quejan del encarecimiento de la factura eléctrica, del consumo de agua, del ruido y, más en general, del impacto de la IA sobre el empleo y la seguridad. Los demócratas quieren presentarse como el partido que regula, con nombres como el gobernador de California, Gavin Newsom, o los candidatos al Senado James Talarico (Texas) y Sherrod Brown (Ohio) atacando a sus rivales republicanos por su apoyo pasado a estas instalaciones. Los republicanos, por su parte, reprochan a los demócratas que bloquearan la tramitación rápida de la llamada Ratepayer Protection Act, una ley marco para que los estados controlen el alza de las tarifas eléctricas asociada a los centros de datos; el senador Martin Heinrich (Nuevo México) la frenó alegando que se quedaba corta protegiendo al consumidor, y la norma podría volver al Senado esta misma semana. En cuanto al peso real de las cuatro tecnológicas en este negocio, la consultora ABI Research sitúa a Amazon, Meta y Microsoft como las tres mayores compañías de centros de datos de Estados Unidos por capacidad informática activa, con Google Cloud (Alphabet) en décima posición. Warren ya había pedido antes más impuestos para los desarrolladores de IA y centros de datos y había investigado sus vínculos con fondos de capital riesgo.
El análisis de Salseo
- No es una subvención que llegue en un cheque, sino la letra pequeña del código fiscal: la ley de 2025 deja descontar casi de golpe lo invertido en centros de datos, así que cuanto más gasta una tecnológica, menos paga hoy. El caso de Meta lo resume bien: mismo beneficio, pero la factura fiscal se hunde de 9.600 a 2.800 millones en un año.
- Ese ahorro conecta directamente la carrera de la IA con el bolsillo del contribuyente y, sobre todo, con la rentabilidad real de las inversiones. Si el incentivo se recorta o desaparece, el retorno de todo ese capex (los 72.000 millones que Meta gastó en un solo año, por ejemplo) baja: es el riesgo de fondo que abre la carta, aunque no cambie ninguna norma hoy.
- El verdadero detonante político no es la IA en abstracto, sino la factura de la luz de los vecinos. La Ratepayer Protection Act, bloqueada en el Senado y que podría volver esta semana, sí podría traducirse en costes energéticos más altos para los operadores de centros de datos: eso es lo que hay que vigilar, más que las cartas en sí.
- Matiz importante: son peticiones de información con plazo hasta el 12 de octubre, no una investigación judicial ni un proyecto de ley, así que el efecto a corto plazo en bolsa es limitado. El riesgo a seguir es electoral: si el malestar por los centros de datos pesa en las elecciones de 2026, las tecnológicas tendrán que defender en público unos incentivos fiscales que hasta ahora pasaban desapercibidos.